¿Usar los paraísos fiscales es ilegal ?

Uno actúa como un defraudador cuando reduce las ganancias de su negocio doméstico legal a través de pagos cuestionables – bajo el pretexto de derechos de licencia, remuneración de consultores o donaciones a los asociados supuestamente extranjeros en las Islas del Canal, los cuales son en realidad empresas pantalla, pertenecientes a uno mismo.

Se engaña a Hacienda cuando da a entender que ha hecho algunas importaciones muy costosas de Mónaco (desde donde su empresa pantalla emitiría facturas ficticias), cuando en realidad consiguió los artículos escandalosamente baratos en Taiwán.

Como cuando pretende entregar bienes a precios muy bajos, o sin mucho beneficio, a Suiza para que su empresa ficticia de allá emita un pago de muy poco valor con escaso beneficio para su sede de aquí, cuando en verdad ha generado grandes sumas de dinero de su comprador de bienes en Sudáfrica.

O como cuando actúa como si se hubiese mudado a las Bahamas, donde alquila un piso y espacio para guardar sus pertenencias y acuerda con alguien que reenvie su correo, cuando en realidad vive en secreto libre de impuestos con una amante en su ciudad natal y lleva a cabo su negocio en Nassau, a distancia.

Por otro lado, todo sería legal si moviera su fábrica entera, oficina o actividad a un país con bajos o nulos impuestos y operase desde allí en el futuro. Si usted opera una empresa comercial regular en Bahamas, las Islas del Canal o en Liechtenstein, Hacienda no puede normalmente hacer nada.

He aquí algunas medidas que toman los Gobiernos contra los paraísos fiscales:

Australia una vez trató de utilizar su restrictiva ley de control de divisas para sabotear las transacciones no deseadas de sus ciudadanos con interlocutores en determinados países. Negó la aprobación necesaria del Banco de la Reserva a todos los Estados en la lista negra – entre ellos todos los paraísos fiscales de las Bahamas a Tonga –

Canadá tuvo la grandiosa idea de asumir la venta ficticia de todos los bienes internos a valor de mercado para la gente que renunciaba a su residencia canadiense, y cobrarles el importe correspondiente al impuesto sobre el valor añadido.

Bélgica y Francia tratan de evitar que sus contribuyentes hagan negocios en paraísos fiscales mediante la inversión de la carga de la prueba. No es el Estado el que tiene que demostrar una reducción ilegal de impuestos por gastos en Andorra y Liechtenstein, sino más bien al ciudadano afectado quien tiene que certificar que todo está hecho sin tapujos.

Tío Sam busca prevenir la descarga del cumplimiento de las responsabilidades de los americanos emigrantes que renuncian a su ciudadanía, haciendo que los que desde hace tiempo adquirieron la residencia española o Suiza tributan por diez años más de acuerdo con la fiscalidad estadounidense si el cambio de la ciudadanía fue realizado únicamente por consideraciones fiscales.

España tomó medidas en 1991 contra las empresas extranjeras no controladas por no ser miembros de la CE o hallarse bajo tratados de doble imposición, con el ojo puesto en las empresas de Gibraltar que no eran transparentes al impuesto sobre bienes inmuebles, transmisión de propiedades y sucesiones. Tales propiedades españolas registradas están sujetas ahora a un impuesto adicional del 5% anual para compensar futuros ahorros en transmisiones y sucesiones.

Naturalmente, la legislación más antigua y pulcra anti-paraísos fiscales se halla en la Alemania tradicionalmente perfeccionista. Desde los años setenta, los contribuyentes alemanes que emigraron a países de baja tributación, manteniendo “intereses comerciales sustanciales” en su tierra natal, tenían todavía que pagar las tasas máximas de impuestos locales en sus negocios por más de diez años. Por otra parte, los empresarios que trasladaron sus negocios al extranjero fueron tratados como si hubieran vendido sus empresas alemanas en casa y la ganancia ficticia de la venta fue sujeta a impuestos.

Por último, si las empresas nacionales tienen contactos para reducción de impuestos con empresas en países de baja tributación y son incapaces de demostrar que la sospecha ocasionada por los mismos está absolutamente infundada, entonces los beneficios asumidos por esta última se atribuyen a la primera. Pueden estar seguros de que este tipo de práctica pronto será aceptada, al menos en la Comunidad Europea.

Básicamente, en realidad sólo hay dos opciones contra tales medidas. Cualquier ciudadano, ahora arrinconado, debe apartarse completamente de su “patria” de alta tributación desapareciendo para siempre y llevándose todas sus pertenencias, rompiendo con ella todas las relaciones comerciales. O bien él – o ella – juega el juego de impuestos a través de países con los que su gobierno tiene tratados de doble imposición ventajosos. Tales acuerdos especiales entre dos países reemplazan a las leyes nacionales contra los paraísos fiscales. Los estadounidenses aún y así tienen que renunciar a su ciudadanía, pero deben hacerlo por motivos, que no sean sospechosos de estar relacionados con los impuestos.

¿Qué sistemas fiscales le esperan en los diversos paraísos fiscales residenciales? Su elección estará entre:

Los países que no recaudan ningún tipo de impuestos sobre los beneficios de sus residentes, como Bahamas o las Islas Caimán.

Esos países que sólo gravan la renta nacional, quedando exentas las ganancias procedentes del extranjero, como es el caso en la mayoría de países de América Latina o en las islas de Cabo Verde.

Al menos un país, donde no hay impuesto sobre los ingresos locales y sólo las ganancias del extranjero están sujetas a impuestos: Mónaco.

Los países que gravan a sus residentes por los ingresos en todo el mundo, pero con tasas prácticamente moderadas. Entre éstos se hallan las islas más gandes del Canal, la Isla de Man y con cierta reserva, Suiza, al menos si se elige el cantón adecuado

Estados como Uruguay, para quienes tiene más sentido gravar la riqueza visible que gravar la renta, que puede manipularse. En lugar de un impuesto sobre la renta, por lo tanto, se quedan con una parte de los activos anualmente.

Hay jurisdicciones sin leyes estrictas – o al menos que no se hacen cumplir estrictamente contra las actividades de sus ciudadanos en el extranjero bajo el disfraz de empresas pantalla. Este es el caso en varios países del Sur de Europa – aunque en ningún lado tanto como en Grecia. Entre estos están Italia, Portugal o España. Hablando de España, un amigo del autor hizo lo siguiente. En primer lugar, se compró a sí mismo una villa de vacaciones en la soleada Marbella y la registró él mismo como una “pensión con las autoridades locales “. Los impuestos en ausencia de aparentes ingresos fueron, por tanto, mínimos o cero. Luego se estableció una llamada “sociedad exenta de impuestos” en Gibraltar a través del cual llevaba a cabo todo su negocio. Todo lo que pagaba por esto era un impuesto de tasa única anual de alrededor de
GBP 250 sin importar cuántos millones ganaba. Incluso si España se queda con este enclave británico autónomo; el juego todavía puede que continúe, debido a que las autoridades de Gibraltar garantizan a las compañía exentas la exención de impuestos sobre los beneficios por muchos años.

Las autoridades fiscales españolas tendrán que reconocer las promesas hechas a las empresas y residentes privados en Gibraltar antes de cualquier toma de control.

(Adaptación de una crónica publicada en ExpatWorld)

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